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Análisis: Notas sobre la devaluación del 8-2-2013

20/02/2013 14:22 Antigüedad: 2 yrs

Por: Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com. DI

El profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Humberto García Larralde, y ex Vicerrector Administrativo, presenta un minucioso análisis sobre la reciente medida de ajuste cambiario anunciada por el Ejecutivo nacional el pasado 8 de febrero

Prof. Humberto García Larralde, representante profesoral ante el Consejo Universitario de la UCV

Prof. Humberto García Larralde, representante profesoral ante el Consejo Universitario de la UCV

 

Una devaluación produce un cambio en los precios relativos que encarece los bienes (y servicios) importados y abarata la venta afuera de los nacionales. Asimismo, eleva, en bolívares, el pago de la deuda externa mientras facilita la cancelación de la deuda local por parte de quienes tienen ingresos en moneda extranjera. Ello incentiva a productores, consumidores e inversionistas a remplazar bienes importados por nacionales, invertir para atender el mercado doméstico, incursionar en exportaciones y recomponer la cartera financiera de personas y empresas de manera de disminuir la exposición a deudas en moneda extranjera. Así contribuye a restablecer el equilibrio externo de una economía, a sanear las finanzas personales y empresariales y a crear condiciones favorables para la inversión productiva y la generación de empleo, siempre y cuando los consumidores, trabajadores, empresarios e inversionistas tengan libertad para responder a los incentivos planteados, en el marco de políticas coherentes y consistentes para facilitar estos ajustes.

 

 Por el contrario y como es por todos conocido, el actual régimen ha venido prosiguiendo el control creciente de la economía a través de regulaciones y prohibiciones de todo tipo, estatizaciones y una contabilización tramposa del presupuesto nacional que le permite aumentar a discreción el gasto público sin tener que rendir cuentas a la Asamblea y la sociedad en general. En este escenario, una devaluación difícilmente resultará en los efectos positivos arriba señalados y tenderá más bien a agravar los padecimientos de los venezolanos:

 

 1)    El encarecimiento del dólar oficial (Cadivi) en un 46,5% tendrá una importante repercusión en los precios domésticos, dada la dependencia creciente de las importaciones de bienes y servicios que tiene nuestra economía. Después de largos años de destrucción sistemática del aparato productivo nacional, los venezolanos dependemos del extranjero en más de un 50% para satisfacer nuestras necesidades de bienes y servicios. Durante los 40 años anteriores al presente gobierno, esta proporción promedió 27,7%. Sin duda que la devaluación sin duda se difundirá a través de los precios internos, agravando la inflación y empobreciendo a los venezolanos.

 

 2)    A pesar de la nueva paridad, el bolívar seguirá sobrevaluado, por lo que continuará alimentando los desequilibrios externos. Cálculos propios, basados en la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), determinan que el valor de equilibrio del dólar debió estar en poco más de 9 bolívares para finales de 2012. A Bs. 6,3 por USA $, la divisa sigue estando barata, por lo que su demanda superará significativamente la oferta de CADIVI. De hecho, el bolívar sigue sobrevaluado en un tercio (hasta finales de 2012, esta relación era de más del 50%). Cabe señalar que, a la paridad de equilibrio, el salario mínimo de Venezuela era de sólo $225, no los $475 que alegaba el gobierno.

 

 3)    Las importaciones totales se han más que cuadruplicado desde la implantación del control de cambios en 2003, en detrimento del aparato productivo interno; un crecimiento del 258% (tres veces y medio) por persona. La oferta de dólares oficiales (Cadivi) para financiar estas importaciones ha venido disminuyendo, siendo de apenas el 41,3% del total en 2012. Al eliminarse el SITME e imponerse un “Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario” por encima de Cadivi para el racionamiento en la asignación de la divisa, el acceso a esta habrá de dificultarse aun más.

 

 4)    Por lo que se desprende de lo anunciado por el Gobierno, la demanda no satisfecha de divisas no tendrá más remedio que recurrir al mercado paralelo, todavía ilegal. De lograrse algún éxito (por parte del nuevo “Órgano”) en reprimir la sobrefacturación de importaciones financiados por Cadivi y la subfacturación del ingreso por exportaciones que debe venderse al BCV y que alimentaban al mercado negro, la oferta ahí habrá de reducirse. De no instrumentarse mecanismos de flexibilización del mercado cambiario, la brecha entre el mercado paralelo y el oficial habrá de ampliarse aun más, incentivando las prácticas especulativas.

 

 5)    Por otro lado, la deuda pública externa se ha incrementado a más de USA $100 millardos para finales de 2012 –sin contar el endeudamiento con China-, siendo la de PdVSA unos $40 millardos. El deterioro en la capacidad crediticia de la nación, puesta de manifiesto con la negativa reciente de China de otorgar nuevo financiamiento, dificulta la contratación de nueva deuda para aumentar la oferta de divisas.

 

 6)    El régimen de control de cambio implantado desde 2003 ha sido nefasto para Venezuela. En vez de evitar la salida de capitales, ésta se ha incrementado notoriamente. Las cifras del BCV registran que USA $167 millardos abandonaron el país por la Cuenta Financiera entre 2003 y 2012. De este dinero más de $60 millardos corresponde al sector público. Si se le añade el saldo de la cuenta de “Errores y omisiones”, la salida de capitales para este lapso ha sido de $194 millardos. ¡Esta cantidad es diez veces mayor a lo fugado por estos conceptos durante los 40 años que van desde 1960 a 1999! Ante tales resultados se llega forzosamente a la conclusión que el control de cambio sirve sólo para reservarle al Estado el usufructo creciente y discrecional de una proporción creciente de las divisas que capta el país.

 

 7)    Se supone, además, que el control de cambios protege las reservas internacionales (RR.II.) y, con ello, resguarda el valor de la moneda local. Si bien es cierto que en respuesta del paro cívico nacional de diciembre 2002 – enero 2003 las reservas se recuperaron gracias a esta medida de emergencia, su permanencia en el tiempo ha sido perjudicial, sobre todo debido a la reforma de la Ley del Banco Central que exime a PdVSA de venderle la totalidad de las divisas ingresadas al BCV y obliga a éste a transferir las llamadas reservas “excedentarias” (¡!) al Fonden. Desde finales de 2008 hasta noviembre de 2012 las RR.II. han caído en más del 37%. Mientras tanto, la liquidez monetaria ha crecido más de tres veces, mermando el respaldo externo al bolívar. De hecho, al cierre del tercer trimestre de 2012, las  RR.II. apenas constituían el 19% de los bolívares en circulación (M2), a la tasa de cambio vigente para el momento (Bs. 4,3/$). La devaluación del 8-2 mejora algo esta relación, pero sólo para llevarla al 28%. Es decir, las RR.II. no cubrirían ni la tercera parte de los bolívares en circulación si el público buscase cambiarlos a dólares a la tasa de Bs. 6,3/$. En otro plano, las reservas sólo cubrían 4,6 meses de importación -al ritmo de los cuatro meses anteriores-, para finales de 2012. Buena parte de estas reservas están en oro, no líquidas y por tanto costosas, para pagar transacciones externas.

 

 El gobierno ha pretendido impulsar el crecimiento económico con base en la expansión del gasto público y el reparto de parte de la renta petrolera a los sectores de bajos ingresos, a la par que desmantela las instituciones del Estado de Derecho, entre éstas las que garantizan la propiedad privada y la libertad económica. Su apuesta, muy irresponsable, ha sido la de apoyarse exclusivamente en el ingreso petrolero y compensar, con ello, la destrucción creciente del resto de la economía. De hecho, hoy dependemos en más de un 95% de la exportación de hidrocarburos para nuestros ingresos externos. Es decir, nos hemos retrotraído a ser simple suplidor de materia prima en los mercados internacionales, cuando en el pasado se había adelantado un trecho en la diversificación del aparato productivo. Pero a pesar de beneficiarse el Gobierno de los precios del crudo más altos de toda la historia, estos cuantiosos ingresos ya no bastan y hubo que devaluar[1]. El Ejecutivo habrá de favorecerse con más bolívares por cada dólar, con efectos positivos sobre las finanzas públicas, aunque el servicio de la abultada deuda externa reduce este impacto. Pero en ausencia de mejoras sustantivas de la productividad, la política expansiva de gasto no tardará en reventar la paridad de Bs. 6,3/$, obligando a nuevas devaluaciones (y mayor empobrecimiento de la población). A finales de 2011, el gasto del Gobierno Central, más el gasto parafiscal de PdVSA, llegaban a 2/3 del PIB (calculado en dólares según PPA).

 

 La política de controles, expropiación y acoso al sector privado ha arruinado a la economía. La devaluación, por sí sola, no generará los beneficios deseados pero sí todos los costos. No hay forma de mejorar el nivel de vida de los venezolanos si no aumenta de manera sostenida la productividad y la competitividad. Y para ello es menester estimular la inversión productiva, mejorar la infraestructura y los servicios, y garantizar los derechos sobre los cuales se asienta la iniciativa privada. En este contexto, una devaluación debería acompañarse de medidas compensatorias –transferencias- para evitar el deterioro en los niveles de vida de la población mientras logran generarse empleos productivos que mejoren sucesivamente los salarios.

 

 Si de señales positivas a la economía se trata, ¿por qué no destituir al troglodita de Giordani y emprender una estrategia que fomente el desarrollo competitivo, con justicia social?

 

[1] Contar con ingresos petroleros como los actuales está en duda por las siguientes razones: En primer lugar, están los escenarios inciertos del mercado petrolero mundial debido al estancamiento europeo, la desaceleración china y la pronosticada autosuficiencia futura de los EE.UU. en materia petrolera. En lo interno, está la caída en la capacidad productiva de la industria petrolera por debajo de lo que oficialmente anuncia el gobierno, con lo que los proventos por esta actividad han sido inferiores a los anunciados. Además, parte creciente de su factura está comprometida en pagar los préstamos contratados por la nación con China y con otros países, así como en mecanismos de financiamiento a tasas preferenciales y con períodos de gracia a países latinoamericanos compradores, contemplados en esquemas como PetroCaribe. Por otro lado, el consumo creciente de gasolina y de otros productos en el mercado doméstico sacrifica ventas externas, a la vez que representa una fuente de cuantiosas pérdidas para PdVSA por concepto de subsidio de precios. Encima debe importar gasolina a precios internacionales, por las deficiencias de la refinación doméstica, y revenderlos en el mercado interno a precios regalados. A ello debe sumarse los incrementos en los costos operativos de la empresa, asociados en parte al incremento del personal a más del doble de lo que existía hace diez años. Por último, la sustracción de importantes sumas para financiar programas sociales y/o para adjudicarlas en el Fonden y otros fondos, reduce los recursos disponibles para financiar inversiones y actividades de mantenimiento destinadas a ampliar o al menos sostener la capacidad productiva en el tiempo. Éstas no podrán financiarse con los recursos que le quedan en caja a PdVSA, por lo que dependerán de mayores endeudamientos –comprometiendo ingresos futuros crecientes- o de la participación de capitales de otros países en la ampliación de la capacidad productiva. No obstante, el marco restrictivo que ha instituido el Gobierno para este tipo de participación y la consecuente ausencia de seguridades para la inversión, disuade a muchos actores internacionales.