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La más dura inamovilidad es el desempleo
Abg. Eduardo Machuca Reeve
Después de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo es el instrumento legal más importante porque regula la relación de millones de personas, sus derechos y sus deberes, y es la base jurídica de los procesos productivos del país.
Las legislaciones laborales pueden ser clasificadas en dos grandes modelos, el modelo liberal que se limita a establecer garantías mínimas para el trabajador, y el modelo garantista o proteccionista dirigido a establecer regulaciones que salvaguarden los derechos del trabajador.
Nuestra legislación apunta al segundo modelo, estableciendo principios que sustentan el ordenamiento jurídico laboral, tales como: irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, igual trabajo igual salario; progresividad de los derechos laborales, la realidad priva sobre las formas y apariencias, la no discriminación, entre otros.
Actualmente la Ley Orgánica del Trabajo es la base del ordenamiento jurídico laboral y tutela toda relación de trabajo dependiente y subordinado, y desarrolla una estricta regulación que tiene como base la estabilidad laboral. Toda la normativa vigente está pensada para asegurar la estabilidad en el trabajo, inclusive hemos vivido durante más de una década una larga inamovilidad. Sin embargo, la mayor inamovilidad es el desempleo. Muy a pesar de la buena intención de la Ley, la realidad demuestra que las estrictas normas y sanciones no son freno suficiente para evitar el despido y otras maneras similares de poner fin a las relaciones de trabajo.
Lo anterior se debe a que la realidad económica se caracteriza por ser fluida, dinámica y cambiante por lo que un modelo que apueste a la inamovilidad absoluta es contradictorio a dicha realidad. El país requiere una Ley Orgánica del Trabajo que promueva la generación de empleo, pero no cualquier empleo, requerimos de empleo productivo, capacitado, de alta calidad, que responda a los constantes cambios tecnológicos y científicos, creador de riqueza, capaz de desarrollar tecnología y patentes, y que finalmente resulte atractivo para la inversión nacional e internacional.
Sin duda alguna hay que revisar y actualizar el concepto de inamovilidad, un primer paso sería establecer la posibilidad de contratación a tiempo determinado con condiciones más flexibles que las vigentes, que asegure el primer empleo, y permita la capacitación en el trabajo, y asimismo asegure a las empresas captar personal a tiempo indeterminado una vez que culmine un proceso de formación en habilidades para el trabajo.
Todo cambio de la Ley pasa por la consulta de los sectores comprometidos, entiéndase la clase trabajadora, las centrales y federaciones sindicales, las organizaciones de empresas, cámaras de comercio e industriales, las Universidades, el Estado, los abogados especialistas, entre otros, a fin de legislar para todos y no sólo para un sector del país.
