“El impacto y soluciones femeninas a la crisis de gobernabilidad en Venezuela” Conferencia dictada por la Rectora de la UCV, Profesora Cecilia García-Arocha en la Gran Alianza de Mujeres de Aragua.

No resulta fácil para quienes no somos expertas en ciencias políticas, abordar temas que como el que hoy nos ocupa, requieren de análisis y consideraciones enfocados de manera rigurosa a través de los instrumentos que esa disciplina proporciona. Sin embargo, resulta tan evidente el marco de conflictividad en el que se desarrolla el diario quehacer en nuestro país y tan necesaria la participación de todos y todas quienes desde diferentes espacios tenemos un serio compromiso con nuestra patria, que al aceptar la gentil invitación que nos formulara la alianza de mujeres del Estado Aragua, nos atrevemos a  compartir con ustedes ideas y planteamientos, muchos de los cuales no nos pertenecen,  pero cuya revisión nos ha parecido interesante para enriquecer la actividad de este día. Al expresar nuestra gratitud por esta distinción, saludamos a quienes integran la junta directiva de gama, al tiempo que saludamos a quienes aquí presentes atendieron la convocatoria a este compartir.      

Creemos importante comenzar con una definición de gobernabilidad y en este sentido, podemos señalar que es “un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental”. En ésta, al decir de su autor Antonio Camou, se articulan los principios de eficacia, legitimidad y estabilidad, al tiempo que permite ubicar la gobernabilidad en un plano de relación entre el sistema político y la sociedad. Cuando el autor habla de equilibrio dinámico, se refiere a que a pesar de la existencia de conflictos, estos varían dentro de márgenes tolerados y esperables para los miembros de la comunidad política, es decir que esto no significa que no haya conflictos, cuestiones irresueltas e incluso problemas irresolubles; pero el hecho que importa resaltar es que esas diferencias son aceptadas como tales e integradas en el marco de la relación de gobierno vigente en una sociedad. Se destaca además que el mantenimiento de adecuadas condiciones de gobernabilidad, depende en alto grado de la capacidad del gobierno para llevar adelante una gestión eficaz de la economía y una satisfactoria promoción del bienestar social.

Cuando nos encontramos ante una situación dificultosa y complicada, hablamos de crisis, al referir esta a gobernabilidad, se está describiendo una situación en la que confluyen desequilibrios, bien inesperados, bien intolerables entre demandas sociales y respuestas gubernamentales.      

Aplicando la definición citada al acontecer venezolano, se torna evidente la existencia de una importante crisis de gobernabilidad, esta ha conducido de acuerdo a opinión de analistas a “una espiral de violencia política que tiene como una de sus causas un creciente enfrentamiento entre gobierno y sus partidarios y los sectores de la sociedad que no coinciden con el proyecto revolucionario. El discurso oficialista intenta convencer de una transformación estructural orientada al beneficio de quienes fueron “excluidos” en la llamada cuarta república y así hablan de democracia participativa y protagónica, en tanto que quienes disienten, afirman que de lo que se trata es de aniquilar las instituciones democráticas, el estado de derecho, las libertades, entre ellas la de expresión,  ejercer control sobre la economía, en síntesis poder unipersonal y totalitarismo”.

Magdaleno, citado por Briceño, nos señala que el origen de la conflictividad en Venezuela no tiene su raíz en la división social, en la lucha de clases, sino en la ideología y el ejercicio de la política; se encuentra en esa voluntad de hegemonía anunciada por un sector de la sociedad y en la resistencia a la misma manifestada por el otro. Las formas como se expresan esas posiciones, los argumentos y banderas, así como los niveles de apoyo que han recibido por parte de la población, han variado con los años y las coyunturas, pero ésa es la esencia de la polarización del país.

De un reciente ensayo titulado Venezuela 2010-2012 entre el conflicto y el cambio, cuyo autor es el Dr. Briceño León y cuya lectura recomendamos,  nos permitimos transcribir un extracto:

“los orígenes de esta conflictividad no son nuevos, pero han ido adquiriendo forma en los últimos diez años y se encuentran en una concepción de la política como guerra y en una voluntad de hegemonía. En la política como guerra, el propósito no es derrotar al adversario, sino destruir al enemigo. Esta concepción hace muy difícil el ejercicio de la democracia y quiebra continuamente con la institucionalidad, pues la institucionalidad es solamente una forma, una eventualidad en la cual se desenvuelve la confrontación y que puede usarse o desecharse, según convenga, para alcanzar los fines del triunfo de la guerra y la eliminación del contrario”.

Esta concepción del ejercicio del poder es radicalmente distinta al sentido lúdico de la política, aquel que permite en el juego democrático el diálogo y el disenso, pues no están en riesgo los valores esenciales –que se supone compartidos- ni las reglas del juego. La política lúdica es una actividad donde no se apuesta la vida, es un juego no-mortal, donde se respeta al otro y a unas reglas que permanecen más allá de los actores y que no se adecúan caprichosamente a la voluntad del poderoso para permitirle continuar disfrutando del poder.

El sentido bélico de la política tiene su sustento en una aspiración de hegemonía que busca copar –no compartir- los espacios de poder, que procura instaurar e imponer al colectivo una visión singular de la vida y de la sociedad. Esta voluntad de hegemonía aspira a un control absoluto y una permanencia indefinida en el poder. No asume el ejercicio del poder como una concesión temporal y transitoria, sino como una propiedad permanente; no entiende el lugar del poder como un espacio vacío que lo ejercen transitoriamente individuos que circulan, sino como un espacio que tiene dueño con nombre y apellido.

Por esa misma voluntad de hegemonía es que en Venezuela el único propósito de las acciones de gobierno es el control político interno: la acumulación y control de los mecanismos de poder. Por eso podemos afirmar que en el gobierno no hay políticas económicas que procuren el desarrollo y el incremento de la productividad o la riqueza; ni hay políticas educativas que procuren la formación de recursos humanos, ni políticas sociales destinadas a garantizar un mayor bienestar sostenible en la población. Hay, simplemente, políticas orientadas, por un lado, a la acumulación y centralización del poder propio y, por el otro, a la destrucción de todo enemigo que pueda detentar la más mínima cuota de poder y autonomía, llámese empresario, partido, sindicato, medios de comunicación, grupo religioso o universidad.

Las conflictividades continuas que se producen en el país tienen su origen en las respuestas que los distintos sectores dan a las acciones del gobierno, como un modo esporádico, emocional y desorganizado de resistir a las agresiones verbales o fácticas que reciben.

La conflictividad continua y cotidiana que deriva de la aplicación de esos propósitos generales se administra de una manera táctica, avanzando o retrocediendo de acuerdo. La resistencia que se encuentre en cada uno de los eventos o sectores. La estrategia general no cambia, pero se desarrollan con gran habilidad los cambios en el movimiento táctico, sin percatarse muchas veces de las consecuencias que esas acciones pudieran traer en el futuro o sin importar, pues la meta es táctica y específica. Para el Gobierno y el Presidente Chávez, la única meta después de las elecciones legislativas del 26 de septiembre de 2010 es permanecer en el poder y ganar las elecciones de 2012, y ése será el único criterio para evaluar y tomar todas las decisiones de política interna o internacional, económica o social. Lo que sucederá en el 2013 no le importa al gobierno; las consecuencias que pueda tener el endeudamiento o el quiebre productivo, no importan tampoco. En el 2013 se verá cómo se resuelve”.          

Si tratamos de resaltar los elementos que hoy por hoy ratifican la existencia de una  crisis de gobernabilidad en nuestro país nos encontraremos con una larga lista, así tenemos: crisis económica, desempleo, inseguridad, carencia de viviendas, conflictos de carácter sindical, desabastecimiento alimentario y de otros productos, corrupción, irresponsabilidad política y tal como lo señala Loaiza: la concentración de poder, arrogancia, inexperiencia, autosuficiencia, desprecio por el diálogo y la concertación,  hicieron que la tarea de gobernar perdiera importancia frente a la agitación de las masas, los golpes efectistas y el control del escenario político.

Diariamente aparecen protestas de variado origen   y en variados estilos, habiéndose llegado a optar por aquellas extremas que, como las huelgas de hambre significan un altísimo riesgo y frente a las que el gobierno expresa un repudiable desprecio, no podemos olvidar a Franklin Brito y el sacrificio de su vida, hoy el sector estudiantil nos da un ejemplo de coraje y de convicción en los principios de democracia, justicia y libertad, pero también nos preocupa su lucha, por la incertidumbre de su resultado y por el peligro para su integridad física.

Otra circunstancia es la que se deriva del llamado “paquete de leyes”. Al respecto la Asociación CIVILIS ha realizado un interesante análisis, en este sentido señalan que “la pretensión de implantar, por medio de leyes que carecen de legalidad y legitimidad, un estado distinto al estado democrático y social de derecho y de justicia, federal descentralizado, por más que se quiera revestir de un lenguaje “constitucional”, no es más que un fraude a la constitución, implica la ruptura con el estado de derecho y pone en severo riesgo a la población venezolana de ver imposibilitada la realización de sus derechos a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y el pluralismo político. La constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, de rango constitucional, contienen los elementos fundamentales para la realización de una vida digna para la población e implican obligaciones de cumplimiento por parte de las autoridades del estado. Al haberse apartado de este camino, no solo han perdido su validez sino, además, están exponiendo al pueblo venezolano a condiciones de grave afectación para su vida personal, familiar, comunitaria y social”.

Si bien el gobierno aparece como responsable de esta crisis, no es menos cierto que la ciudadanía desempeña en ella un  importante papel para conducirnos hacia una gobernabilidad democrática, en consecuencia, atendiendo los planteamientos de Loaiza se requiere de  “una ciudadanía consciente de su poder y respetuosa del orden político democrático.  Por lo demás no se trata de ignorar la existencia de conflictos sociales sino de que el estado y la sociedad civil los afronten de manera interactiva”.