- Año de Creación: 1958
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Absalón Méndez: Gobierno intenta colapsar instituciones
En el año 1997, la Cátedra Pío Tamayo y el Centro de Estudios de Historia Actual, ambos organismos adscritos al IIES/FaCES/UCV, organizaron un gran ciclo de foros para tratar asuntos relacionados con las elecciones universitarias, el agotamiento de las autoridades y los requisitos legales para optar a cargos de autoridad universitaria.
En la actualidad, la historia se repite; pero, agigantada. Con actores diferentes y en momentos circunstancialmente difíciles para el país y la Universidad venezolana. Así lo señaló Absalón Méndez Cegarra profesor de postgrado de la UCV.
El docente, aseguró que en el año 1997, “se pudo poner freno al avance de la enfermedad. No se hizo nada al respecto, al contrario, las medidas adoptadas en cada proceso de elección de autoridades universitarias por parte del Consejo Universitario, potenciaron el mal hasta convertirlo en incurable, tal es la situación de transgresión que vive nuestra UCV y la mayoría de las Universidades Nacionales por la prohibición del Tribunal Supremo de Justicia de que se realicen nuevas elecciones de autoridades”.
El Coordinador del Doctorado en Seguridad Social de la UCV, asegura que “hoy, la UCV y otras Universidades, transitan por un sendero en extremo peligroso, trazado por el gobierno nacional que, con sinceridad, nos resulta muy difícil clarificar sus intenciones y avizorar sus resultados”.
Control total
Para el profesor Absalón Méndez, “no hay duda que el gobierno nacional quiere controlarlo todo y subordinar toda la institucionalidad del país a su proyecto político-ideológico. Algunas universidades, en apariencia, han sido ariscas y reacias a tal intención; pero, esta reacción universitaria el gobierno la ha manejado inteligentemente con cuatro medidas fundamentales: 1. Creación de una institucionalidad paralela, que potencia al máximo el nacimiento de nuevas Universidades y el crecimiento de la matrícula universitaria, arrinconando así, a la Universidad de vieja data. 2. Sanción y promulgación de una nueva Ley Orgánica de Educación, que da al traste, con la autonomía universitaria y la noción de comunidad universitaria, lo que le ha permitido, con ayuda judicial, intervenir las Universidades Autónomas. Desde el 2008 el mandato constitucional de elegir las nuevas autoridades ha pasado a la historia”.
Indica de igual forma como tercera medida, la de “liquidar, casi por completo, la voluntad de lucha del gremialismo universitario, desconociendo las organizaciones creadas hace más de 50 años, para sustituirlas por un sindicalismo sumiso, dependiente, traicionando las luchas de años de los trabajadores en procura de mejores reivindicaciones”.
Destaca asimismo una cuarta medida referida al “desconocimiento de las Normas de Homologación, instrumento creado por el Ejecutivo en 1982, para establecer la tabla de sueldos y salarios, beneficios adicionales y complementarios del profesorado universitario; y, en sustitución, una Convención Colectiva Única para todos los Trabajadores del Sector Universitario, sin la participación de la FAPUV, la cual ha servido como muro de contención de la lucha gremial reivindicativa”.
TSJ impide elecciones universitarias
La UCV no ha hecho elecciones para Decanos y Autoridades Universitarias desde la publicación de la sentencia de fecha 12-05-2011 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (expediente Nº 2011-000033). Por ésta prohibición las autoridades, incluyendo los Decanos, tienen excedido su tiempo legal de ejercicio.
Igualmente, los representantes profesorales ante el Consejo Universitario y demás órganos del cogobierno universitario, permanecen en sus cargos por voluntad del TSJ, todo lo cual es inconstitucional, puntualizó Méndez.
Silencio judicial
La Sala Constitucional, pidió a la Sala Electoral el expediente, para decidir la cuestión, toda vez que hay de por medio una acción de nulidad interpuesta por la UCV, en contra de la LOE, especialmente del artículo 34, por estar viciado de inconstitucionalidad; pero estas instancias judiciales han guardado absoluto silencio.
Considera el profesor Méndez que la comunidad universitaria debe preguntarse “¿Qué busca el gobierno con estas acciones? ¿Qué gana a su favor? Y, por otro lado, ¿Qué pasa con los miembros de la comunidad universitaria que no exigimos el cumplimiento de una ley vigente: La LU, la cual, como es evidente, no ha sido derogada, por la prometida Ley del Subsistema de Educación Universitaria, contemplada en la LOE? Este silencio es dañino para la Universidad”.
